{image}http://eldia.co/images/stories/131210/002.jpg{/image}A pesar de la aprobación en primer debate del proyecto de “Ley de Victimas”, en Colombia los grupos de extrema derecha siguen haciendo fuerte presencia en el país, imponiendo el orden y ejerciendo la autoridad en aquellas regiones olvidadas por el estado.
Recientemente, Ingrid Vergara, secretaria técnica del Capitulo de Sucre del Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE) fue objeto de una incursión armada por parte de sujetos desconocidos en su propia casa.
Jairo Ramírez, Vocero del MOVICE, manifestó que este suceso es muy sospechoso porque la compañera Ingrid ha sido amenazada varias veces, situación informada a las autoridades competentes, las cuales no han querido investigar quienes son los responsables intelectuales de dichos amedrentamientos.
Además, el MOVICE sigue siendo victima de varias detenciones injustificadas de sus miembros, como las de Carlos Adame quien lleva detenido 2 años y es asociado del capitulo de Sucre, igualmente David Ravelo miembro del Movice en el magdalena medio lleva mas de un año privado de la libertad, aseveró Jaime Ramírez.
Respecto al Proyecto de “Ley de Victimas”, el MOVICE rescata la introducción de la caracterización de victimas en dicho acto, a los crímenes cometidos por agentes o miembros del estado colombiano, comentó Jairo Ramírez.
Pero a pesar de todo, el gobierno ha logrado introducir varios mecanismos para evitar porque agentes del estado se aliaron con grupos paramilitares y narcotraficantes para asesinar a sindicalistas, campesinos, estudiantes, políticos de izquierda, entre otros.
Para el MOVICE, el proyecto de Ley de Victimas puede fracasar si el gobierno no tiene en cuenta a las familias desplazadas, además, si no parte del hecho que la desmovilización paramilitar y la ley de justicia y paz son un rotundo fracaso.
Solamente se podrá avanzar en una verdadera reparación, cuando se reconozcan los derechos integrales de las victimas, y se recupere la memoria historia del país, no mientras haya una reconciliación forzada, tal como la quiso imponer el gobierno anterior.
