{image}http://eldia.co/images/stories/030211/001.jpg{/image}“Las comunidades indígenas, campesinos y sectores sociales de Arauca decidimos hacer un paro cívico en la región por la detención arbitraria de siete activistas el 25 de enero”, indicó para eldia.co., Felipe Rangel, dirigente de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca ASCATIDAR.
Añadió que la acción popular consiste en “cortes de carretera indefinidos exigiendo la inmediata la liberación de los compañeros entre quienes están el presidente ASCATIDAR Ismael Uncasía Uncasía, cacique indígena de Arauca”.
“Estas personas se les acusa falsamente del delito de rebelión y concierto para delinquir pero solo se le está cobrando su compromiso en la defensa de los sectores más pobres de la región”, enfatizó.
El paro comenzó este 3 de febrero a partir de las seis de la mañana por término indefinido, con la toma de la salida noroccidental de Saravena, vía Saravena-Pamplona y Betoyes, y la Vía Tame-Arauca, Tame.
Rangel manifestó que en cada sitio hay por lo menos 500 personas manifestando la protesta.
“Con esta protesta las organizaciones sociales de Arauca declaramos el Paro Cívico por la Dignidad y Soberanía de los Pueblos Ancestrales y el Movimiento Social y Popular que impide el acceso de transporte público, maquinaria y personal trabajador a algunas instalaciones petroleras que afectan directa o indirectamente a comunidades indígenas U´wa y Sikuani de Arauca”, subrayó.
Recordó que “hace ocho años que en Arauca no tenía lugar una movilización masiva de esta envergadura que se expresó en cortes de carretera durante un mes con la movilización indígena y campesina contra las transnacionales y el accionar paramilitar en la región”.
Fue enfático en señalar que “los acuerdos que posibilitaron el levantamiento de las barricadas en 2003 no han sido cumplidos”.
“Además de la libertad de nuestros compañeros exigimos también que no se criminalice ni judicialice la libertad de asociación, expresión y movilización; que se conforme una comisión de verificación y seguimiento permanente sobre la situación de las comunidades indígenas y campesinas en zona de conflicto y de explotación petrolera”.
Resaltó que “el movimiento exige se investigue la utilización de indígenas en políticas de guerra dentro del conflicto que vive el país, y que se respete su autonomía, leyes y fueros especiales como nación indígena”.
