El nuevo proyecto presentado por la Superintendencia de Servicios sería incluido en el Plan Nacional de Desarrollo para que esté listo en septiembre, mes en el que habría nuevo operador u operadores de Electricaribe.

La comisión de ponentes del Plan Nacional de Desarrollo estudia el nuevo proyecto de la Superintendencia de Servicios, que incluiría una sobretasa de $4 pesos por kilovatio hora para los estratos 4, 5 y 6 de todo el país, destinada a solucionar la crisis de energía en el Caribe.

Esta iniciativa, que trae 10 artículos, se incluiría en la hoja de ruta 2018-2022 del Gobierno, para que puedan estar aprobados antes de septiembre, mes en el que se espera se escoja el operador o los operadores de Electricaribe.

El artículo 8 es el que crea una sobretasa de $4 por kilovatio hora de energía eléctrica consumido, "que será recaudada por los distribuidores del servicio de energía eléctrica y girada al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La sobretasa será destinada al pago de las obligaciones financieras en las que incurra el Fondo Empresarial para garantizar la prestación del servicio. El hecho generador será el kilovatio hora consumido, y los responsables del pago de esta sobretasa serán los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, los usuarios comerciales e industriales y los no regulados del servicio de energía eléctrica".

Al respecto, el senador barranquillero del Partido Conservador, Efraín Cepeda, ponente, dijo a periodistas al término de la reunión en el Ministerio de Hacienda que esta sobretasa, en su consideración, "impacta muy poco la tarifa pero sabemos que va a ser un tema muy polémico, y puede haber oposición: ya algunas bancadas han dicho que les tocará pagar eso por la región Caribe. Debe ser un artículo absolutamente transitorio, porque la idea es que a finales de septiembre tengamos nuevo operador y cese esta crisis. Esta propuesta es para todo el país, porque alimentaria el Fondo Empresarial, que le está prestando recursos a las empresas intervenidas, que hoy son 10 y de esas la que tiene mayor demanda de recursos es Electricaribe".

A su vez, el representante atlanticense por Cambio Radical, César Lorduy, puso de presente a medios que este proyecto "apunta a resolver, por ejemplo, cómo se asume el pasivo pensional y otra serie de dudas que tiene Electricaribe, entre esas la del Gobierno Nacional a través del Fondo Empresarial, entonces para que esas deudas no hagan parte de Electrcaribe y limiten la posibilidad de unos operadores que a su vez van a requerir más inversiones para trabajar en Electricaribe, entonces esas deudas se quitan y eso es lo que permite este proyecto".

Advirtió Cepeda que una explosión de Electricaribe significaría una explosión de gran parte del sistema eléctrico nacional: "Como alguien la tildó, es una empresa con cáncer y si no la curamos la metástasis va a llegar a todas las regiones del país. La Bancada Caribe firmará también esta proposición y les estamos pidiendo a las otras bancadas que la acompañen porque es en beneficio de los sectores más vulnerables".

Lorduy, entre tanto, precisó que los artículos de la iniciativa irán vía Plan de Desarrollo: "Esto apunta al salvamento de Electricaribe y (..) hoy se definió que va por el PND, porque los cronogramas relacionados con Electricaribe queremos que estén acelerados y hasta el momento hay unas fechas, una es febrero y otra es septiembre, y si va por proyecto es muy probable que no esté listo antes de septiembre y la idea es que los nuevos operadores reciban una señal positiva, se preparen para ello, puedan participar en la subasta y arranquemos septiembre con operador nuevo u operadores".

La Superintendencia de Servicios radicó el proyecto de ley para “adoptar las disposiciones necesarias para asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe”.

No obstante, en la iniciativa, de 10 artículos y cuatro páginas, se advierte que “ninguna actuación desplegada para el cumplimiento del objeto de esta ley podrá interpretarse como reconocimiento de su responsabilidad por la situación de Electricaribe, ni como como una renuncia a obtener cualquier indemnización frente a los responsables de los perjuicios causados”.

La primera medida que se toma es la de autorizar a la Nación para el financiamiento al Fondo Empresarial de la Super, incluyendo créditos y garantías, los cuales podrán ser superiores a un año. Y precisa que no se requerirá la constitución de garantías ni contragarantías cuando la Nación otorgue estos créditos o garantías.

La segunda tiene que ver con la autorización a la Nación de asumir el pasivo pensional y prestacional, así como el pasivo de Electricaribe. En la que se lee: “Autorícese a la Nación para constituir patrimonios autónomos, fondos necesarios para tal efecto, o una o más sociedades por acciones cuyo objeto principal sea adelantar las operaciones actualmente adelantadas por Electricaribe, para lo cual sus patrimonios podrán estar integrados, entre otros, por los activos de Electricaribe. Estas sociedades que el Gobierno nacional decida constituir serán empresas de servicios públicos domiciliarios”.

Para la gestión y el pago del pasivo pensional, el Ministerio de Hacienda constituirá el patrimonio autónomo Foneca, cuyo objeto será recibir y administrar los recursos que se transfieran, se lee.

Otra medida, consignada en el artículo cuatro del proyecto, corresponde a que como contraprestación por la asunción de los pasivos, Hacienda adquirirá una o más cuentas por cobrar a cargo de Electricaribe.

“El Gobierno nacional reglamentará los términos y condiciones de la asunción de pasivos y de vinculación de capital privado, público o mixto, a través de uno o varios oferentes, a la solución estructural de la prestación del servicio público de energía eléctrica en la Costa Caribe”, indica la iniciativa.

Así mismo, se deja en claro que sin perjuicio de las cuentas por cobrar y las acciones indemnizatorias a las que haya lugar, una vez asumidos los pasivos, para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicios públicos, el Ministerio será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas.

En el punto cinco, para la preservación del servicio, se indica que los actos jurídicos mediante los cuales se implemente el objeto de esta ley, incluyendo los actos necesarios para una eventual capitalización de Electricaribe, no se afectarán como consecuencia de la ineficacia que pueda declararse respecto de los demás actos relacionados con la toma de posesión o liquidación de Electricaribe.

De igual forma, se dispone en el articulado que estarán exentos de tasa, contribución e impuestos de cualquier orden, las actuaciones llevadas a cabo por entidades públicas o por particulares, la constitución y la realización de aportes a las sociedades que se lleguen a constituir como parte del proceso y la enajenación de acciones de los vehículos jurídicos que se desarrollen o constituyan en el marco del proceso.

El artículo 7 autoriza al Gobierno “para establecer un régimen especial en materia tarifaria para Electricaribe o las empresas derivadas que se constituyan en el marco del proceso de toma de posesión de esta sociedad para las regiones en las que se preste el servicio público. Con recursos provenientes del sistema general de regalías se podrán financiar inversiones en infraestructura eléctrica, como aportes que no incidirán en la tarifa”.

Y el artículo 9 establece que a partir del 1° de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2026 se autoriza el cobro de una contribución a favor de la Superintendencia, que será del 2% del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia.

Los sujetos pasivos de esta contribución serán los contribuyentes de la contribución de la Superintendencia. Y el recaudo obtenido por esta contribución adicional se destinará en su totalidad al Fondo Empresarial de la Superintendencia.

Fuente: www.elheraldo.co